20 mil cordobeses se movilizaron contra la Represión Policial

20 mil cordobeses se movilizaron contra la Represión Policial

Fuente: Marcha de la GorraEl pasado 20 de noviembre veinte mil personas se dieron cita una vez más en el centro de la ciudad de Córdoba, a pesar de la lluvia, para denunciar el Código de Faltas y los casos de Gatillo Fácil. La 8° Marcha de la Gorra, organizada por el Colectivo de Jóvenes por nuestros Derechos y acompañada por más de 60 organizaciones sociales y políticas, convocó  bajo la consigna “Más vale gorras embrollando que la policía matando”. El evento, con hora de inicio pactada a las 18hs, debió demorarse porque la Policía requisó dos colectivos que viajaban desde Juárez Celman y los demoró una hora por haber estado cantando y burlándose.  Finalmente los dejó ir pero el menor de edad José Flores quedó detenido.

En pleno año pre-electoral, con un De la Sota hambriento de prensa a nivel nacional para promocionarse como alternativa política, es necesario denunciar la política de seguridad represora que está ejerciendo en la Provincia desde hace años.  El Código de Faltas restringe derechos y en su mayor parte es inconstitucional, ya que va en contra de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Es una herramienta que habilita a la policía a detener sistemáticamente a jóvenes por portación de rostro, aludiendo a la figura del merodeo. Algunos efectivos han denunciado que los obligan a alcanzar un cupo de 200 detenciones diarias.

Respecto a los casos de gatillo fácil, se registraron ocho en lo que va del año en Córdoba, todos por parte de efectivos policiales. Entre ellos están algunos jóvenes acusados de ‘intento de robo’ en distintas circunstancias: Ezequiel Barraza (20), dos jóvenes de 15 y 21 años de identidad reservada; Lautaro Torres (16); Pablo Nicolás Navarro (29); y Miguel Ángel Torres.  Otro joven, Fernando Guere Pellico (18) fue asesinado ‘por esquivar un control policial’ junto a su primo Maximiliano Peralta, que resultó herido gravemente. Habían ido a un kiosko a comprar más gaseosa para tomar con sus amigos, con quienes descansaban después de una ardua semana laboral.  Por otro lado, Gastón Lusio fue herido de gravedad en julio, cuando un policía disparó contra una traffic repleta de jóvenes. Estos casos se suman a otros anteriores, como la emblemática desaparición de Facundo Rivera Alegre hace dos años y medio.

Los barrios más humildes de Córdoba son víctimas de la estigmatización del gobierno provincial y sus lacayos policiales, debido a las detenciones arbitrarias que adoptan progresivamente nuevas formas cada vez más repudiables. Se han realizado razias en las que se acorralan a jóvenes y se los demora por horas con el solo objetivo de visibilizar el poder y generar miedo.

Tanto las detenciones por portación de rostro como los casos de gatillo fácil, como el narco escándalo y el acuartelamiento ocurrido a fines de 2013, forman parte de un plan sistemático de control y represión antipopular. La concepción de Derechos Humanos del Gobernador De La Sota es por demás repudiable. En 2005, tras el motín en el penal de San Martín, afirmó que “los derechos humanos son sólo para la gente honesta”. En otra oportunidad destacó que las Abuelas (de Plaza de Mayo) debieron “cuidar mejor a sus hijos”. Este año ha declarado la emergencia juvenil y ha acusado a los jóvenes que trabajan en la calle (por ejemplo, quienes abren la puerta de los taxis) de delincuentes y adictos, que pueden apuñalar para robar y comprar paco.

Las trabajadoras sexuales no escapan de la represión, habilitada por el artículo 45 del Código de Faltas. El acoso constante y la violencia de género hacia las trabajadoras son legitimados por la sociedad y el Estado provincial. Se prohibieron los establecimientos como whiskerías y cabarets con una pena de 60 días de prisión a quien viole esta norma. Lo cierto es que se acusa a quienes están en el recinto (las trabajadoras), y no a quienes las explotan, muchas veces vinculados al poder político y policial.  También se sanciona con hasta 20 días de prisión a quienes ejercen públicamente la prostitución, y se obliga a la realización de exámenes de ITS/VIH, cuestión que viola tratados internacionales sobre el tema (que promueven el examen voluntario).

Cabe destacar que el índice de delitos no ha bajado en la provincia con esta supuesta política de seguridad, y se han incrementado las denuncias por delitos y corrupción cometidos dentro de la fuerza policial: narcotráfico, crimen organizado y redes de trata. El programa de televisión ADN ha contribuido esencialmente en este sentido. Su periodismo de investigación se disputa un espacio en la televisión cordobesa, plagada de programas que responden a intereses corporativos, que difunden el miedo social a la inseguridad, promocionan la presencia policial y silencian las denuncias a las instituciones públicas.

Los medios de comunicación alternativos son fundamentales para la difusión de estas cuestiones silenciadas por los medios corporativos. Por otra parte, es el deber de la sociedad tomar conciencia de que estas desapariciones, asesinatos y persecuciones son ilegales. La policía, el Poder Judicial y el Gobierno de la Provincia de Córdoba promueven el hostigamiento de los más humildes, violando legislación nacional y normativa internacional, y vulnerando derechos y libertades fundamentales.

Para más información sobre el evento y el trabajo constante que realiza el Colectivo de Jóvenes junto a otras organizaciones, puede visitar la página  www.marchadelagorra.org

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