Participación y Empoderamiento

Participación y Empoderamiento

Hay un derecho no explicitado en ningún canon democrático, pero implícito en todos ellos: el derecho a la innovación política, es decir, la posibilidad de hacer ahora lo que nadie quiso, pudo, supo o imaginó hacer antes.

Lo que vale de cualquier concepto teórico es su interpretación política -nunca escindida de la matriz ideológica del intérprete- y su consecuente traducción en la praxis militante. Sobre todo, cuando tomamos conceptos que nunca sus dicentes han desarrollado en formulaciones prácticas. Y esta elección tampoco es rupturista respecto de la matriz ideológica de quien elige.

Aclarado que ha sido este asunto, me detengo en un par de interpelaciones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que no han tenido, desde mi humilde perspectiva, demasiado éxito o que han sido interpretadas de un modo distinto al que aquí voy a exponer.

Dijo Néstor alguna vez: “Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a participar activamente de ese cambio”. Y varias veces, Cristina ha instado al “empoderamiento” de la ciudadanía. Entiendo aquí que el “empoderamiento” vendría a ser la consecuencia de la “participación” o, al menos, su objetivo.

¿Estamos empoderados? No lo creo. ¿Estamos participando? Sólo parcialmente.

Cito de manera textual: “Se habla de participación cuando la gente: a) asiste a reuniones; b) sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de algo; c) de manera pacífica se niega pública y notoriamente a comprar, hacer o decir algo que la mayoría considera correcto; d) vota en los procesos electorales; e) ejecuta determinadas tareas: campañas de alfabetización, de vacunación, etc.; f) hace sentir su voz en una reunión.

Todas estas son, sin duda, formas de participación, pero, a nuestro entender, la principal forma es la participación en la toma de decisiones que le afecten e involucren a otros y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas” (Del libro “Herramientas para la Participación”. Haiman El Troudi, Marta Harnecker, Luis Bonilla. http://www.rebelion.org/docs/15385.pdf).

Se habla mucho de participación, pero quitándole al concepto la mitad de su significado, encerrándola en el canon conservador de la democracia representativa. Y el empoderamiento del pueblo, de esta manera, no puede materializarse, simplemente porque lo único que se le ofrece es confianza en sus representantes y paciencia para lograr sus demandas. Muy poco.

Un ejemplo de lo posible

Nuestra tarea de organizar y desarrollar el Presupuesto Participativo en La Plata desde el año 2008 (http://www.freppar.com.ar/index.php?sec=presup-particip) nos ha permitido observar y experimentar la recíproca desconfianza acumulada en las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Pero también hemos podido comprobar que, poco a poco, esta desconfianza puede transformarse en confianza y colaboración mutua, cuando los ciudadanos y las ciudadanas perciben que los gobernantes les prestan atención cuando hablan, les muestran las posibilidades de resolución de sus problemas y les explican las dificultades que deberán abordar.

De esta manera, la relación vertical gobernante-gobernado se desvanece poco a poco para dar paso a una relación horizontal, en la que las ciudadanas y los ciudadanos van transformando el mal humor de la necesidad en el buen humor de la participación en las propuestas que tienden a su satisfacción.

Todo ello implica un sinceramiento de ambas partes: nada de esto puede ocurrir si no hay predisposición de gobernantes y gobernados. También lo hemos comprobado a lo largo de estos seis años de Presupuesto Participativo.

Está claro que son los gobernantes quienes tienen que dar el puntapié inicial. Pero los gobernados no pueden hacerse los distraídos y seguir comportándose como si ese puntapié inicial no hubiese existido. Esta conducta es recurrente, tan recurrente como la ausencia de aquel puntapié inicial.

La confianza se recupera desde el llano. Y el llano es el espacio público en el que gobernantes y gobernados se reúnen en pie de igualdad para discutir y tomar decisiones compartidas sobre nuestra calidad de vida individual y colectiva.

El Presupuesto Participativo sólo es un ejemplo de lo posible. Puede satisfacer necesidades inmediatas en materia de obras y servicios públicos, pero es necesario también satisfacer expectativas de mediano y largo plazo en materia de organización política, económica y social. Trascender el Presupuesto Participativo significa aportar nuevas herramientas de intervención popular en la conformación de políticas públicas.

Esta expansión democrática promueve la construcción de un Estado que materialice su pretensión indelegable de ser la instancia principal de protección, interpretación y realización de las necesidades y expectativas del pueblo, sin que esto signifique que el gobierno deba hacer lo que el pueblo quiera: esto significa que hay que discutir todo entre todos y arribar a decisiones compartidas.

Socializar la Política

La representación política sólo puede ser comprendida hoy como un sistema de principios y prácticas de designación de autoridades ejecutivas y legislativas, como una delegación del poder y la responsabilidad del pueblo en unos cuantos representantes. Y no puede reducirse a eso la soberanía popular.

Elegir a nuestros representantes en el Estado sólo es una periódica moción de orden: queremos que estas personas gobiernen y legislen en función de nuestros intereses, sin que nosotros intervengamos de ninguna manera en ese proceso (de paso, siempre le podemos echar la culpa a otro).

Pero suele fallar. Y es esta “falla” en la dimensión “delegativa” (1) de nuestro orden constitucional lo que se pretende superar a través de procedimientos de participación popular en la conformación de políticas públicas.

Si cualquier política pública condiciona, directa o indirectamente, la calidad de vida individual y colectiva del pueblo, la intervención popular en su planteo, discusión, decisión y control de ejecución, debe ser el primer principio de un Estado democrático, pues ello encarna el reconocimiento de la igualdad política y del consecuente derecho de toda persona de poder intervenir e influir en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana.

Por ello también decimos que la “disposición democrática” de un gobierno puede medirse por la cantidad y calidad de asuntos públicos que somete a consideración del pueblo y/o que permite ser instalados y resueltos por él (2).

Pongámonos en situación: en cualquier política de participación ciudadana ponemos en juego la progresiva superación del individualismo, la fragmentación social y la desafección colectiva por la cosa pública, hoy dominantes en la sociedad, lo que, a su vez, puede orientar una trayectoria de reducción considerable de los márgenes de discrecionalidad política y económica de las autoridades formalmente constituidas y de quienes pretenden serlo.

Pero no hay que idealizar: cualquier política de participación ciudadana es también un teatro de operaciones políticas, que puede ser ganado por “aparatos” partidarios con el único fin de legitimar o erosionar socialmente al gobierno de turno. Allí reside su debilidad. Para transformar esa debilidad en fortaleza hay una sola condición: la intervención popular. Sin pueblo, no hay política: sólo dominación.

Es necesario, además, comprender que cualquier política participativa conmueve el núcleo fundamental de cualquier organización: quién toma las decisiones y cómo lo hace. Se trata de una redistribución del poder político, que tiene los mismos efectos, en sus actores, que tiene cualquier proyecto de redistribución del poder económico.

El contexto ineludible: cualquier gobierno hace lo que puede hacer para llevar adelante sus objetivos políticos (legitimado por el sufragio popular), dentro de un contexto de pugna de intereses que se articulan en diversas estrategias que van conformando relaciones de poder que favorecen y perjudican a unos y a otros. No hay un gobierno que pueda hacer cualquier cosa de cualquier manera para perjudicar al pueblo, como no hay un gobierno que pueda hacer cualquier cosa de cualquier manera para favorecerlo.

Trascender la representación. Socializar la política. Está claro que no es nada fácil.

Gobierno Participado

El Gobierno Participado es una metodología de gobierno que abre sus puertas a la participación popular para el planteo, discusión, diseño, decisión y control de ejecución de políticas públicas. Pero no para hacer lo que el pueblo quiera, sino para discutir todo entre todos y arribar a decisiones compartidas, a través de foros de intervención ciudadana en cada una de sus áreas.

Cualquier obra pública debe ser diseñada y dirigida por ingenieros y realizada por trabajadores idóneos. Porque esta es una cuestión técnica. Pero su necesidad y oportunidad deben ser evaluadas por el pueblo en forma conjunta con sus representantes, a propuesta de unos o de otros. Porque esta es una cuestión política.

El mismo concepto vale para cualquier política pública: salud, educación, ambiente, seguridad, producción, trabajo, etc.

Desde una perspectiva escéptica o conservadora, muchos interpretan que estamos hablando de un “Estado en Asamblea Permanente”. Pero no. Estamos hablando de un Estado Democrático en Convocatoria Popular Periódica para tomar decisiones, primero, y evaluar, después, la ejecución de esas decisiones.

¿Y qué hacemos, entonces, con nuestros representantes? Lo que hacemos siempre: elegirlos cada dos años para abordar las tareas ejecutivas y legislativas que les competen, además de ocuparse de la realización de todo lo que se resuelva a través de las políticas participativas que se desarrollen, en las que deberán intervenir junto al pueblo.

Este proyecto político es perfectamente aplicable al Estado municipal en el actual contexto político, jurídico y económico. Significa el impulso de una deliberación pública, inclusiva y transparente acerca de para qué tipo de sociedad se pretende que sea apto ese Estado y cuáles son las políticas públicas adecuadas para satisfacer sus necesidades y expectativas.

Pero esa deliberación pública, inclusiva y transparente que pretendemos no puede ser anterior a una gestión que revierta una reducida eficacia de su estructura burocrática de gobierno, una limitada efectividad de su sistema legal, una escasa credibilidad en tanto foco de atracción colectiva.

Esa deliberación pública, inclusiva y transparente debe ser simultánea, porque de otro modo estaríamos nuevamente postergando las necesidades y expectativas de la población, lo que redundaría en la inviabilidad de aquel debate y en la reproducción del Estado y de la sociedad que pretendemos transformar.

¿Sólo se puede hacer esto en el municipio? En términos operativos inmediatos, sí.

Pero imaginen ustedes la potencia de este movimiento popular en todos los municipios del país. Es inconcebible que no empuje hacia arriba y transforme las estructuras de los estados provinciales y del estado nacional.

Supongo que nadie puede creer que una persona, o un pequeño grupo de personas, o una organización política, o, más aún, un gobierno, puedan llevar adelante fácilmente y en poco tiempo, no sólo este proyecto político que aquí se esboza, sino cualquier proyecto político.

No. No se puede. Hace falta pueblo. No afiliados a un partido político. No: pueblo.

Porque los mandatos de nuestros representantes en el Estado no son eternos, pero el pueblo sí lo es. Porque una política puede ser demolida en dos minutos con un simple cambio de gobierno (o con un infeliz golpe de timón dentro del mismo gobierno), si esa política no ha empoderado antes al pueblo, si esa política no ha encarnado en el pueblo.

Llevar adelante un política de tales características supone, entonces, y contra la voluntad de cualquier organización política, gobernante o aspirante a serlo, una revolución en la cultura política del pueblo. No hay realidad nueva con pensamientos

viejos. Y no hay revolución cultural sin conflictos.

¿Puede fallar? Claro que sí. Como todo en la vida. ¿Vale la pena el intento? Claro que sí. Como todo en la vida.

Cito de memoria a Pierre Bourdieu: “Las teorías son programas de investigación que no llaman a un debate teórico, sino a una utilización práctica que las refute o generalice, o, mejor aún, especifique y diferencie su pretensión de generalidad”.

Sólo necesitamos dirigentes con marcada voluntad política de llevar adelante estas transformaciones, una militancia preparada para sostenerlas y un pueblo dispuesto a experimentarlas. ¿Es mucho?

Sintonía finísima

Esta exposición -producto de la militancia- pretende entrar en sintonía con Ernesto Laclau, para quien el desafío es cómo conectar la dimensión horizontal (lo que él llama “el principio de la autonomía”) con la dimensión vertical (lo que él llama “el principio de la hegemonía”).

Sostiene que “en la Argentina todavía no se logró una confluencia completa entre el momento autónomo de la voluntad de los sectores populares y el momento de la construcción del Estado”.

Y afirma: “Si la realidad avanza sólo por lo institucional, se consolidará el poder corporativo. Si sólo avanza el populismo, no habrá un marco institucional para lo social” (Entrevista realizada por Martín Granovsky y publicada el 21 de julio de 2013

en Página/12. La entrevista completa, en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-224931-2013-07-21.html).

¿Hace falta decir que estoy hablando desde y hacia el Frente para la Victoria?

Notas:

(1) La “democracia delegativa”, en oposición a la “democracia representativa”, es una teorización de Guillermo O´Donnell, que sostiene que “las democracias delegativas se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente, sólo restringida por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato”.

Y dice de ella que “en realidad es más democrática, pero menos liberal, que la democracia representativa”. A pesar de esta última apreciación, O´Donnell opta por la “solución liberal”, en desmedro de aquella dimensión democrática, y describe su sueño representativo: “La representación implica accountability: de alguna manera el representante es responsable por sus acciones ante quienes lo autorizaron a hablar en su nombre. En las democracias institucionalizadas, la accountability no es sólo vertical (es decir, la implicada en el hecho de que periódicamente los gobernantes deben rendir cuentas ante las urnas) sino también horizontal. Ella opera mediante una red de poderes relativamente autónomos (es decir, instituciones) que pueden examinar y cuestionar y, de ser necesario, sancionar actos irregulares cometidos durante el desempeño de los cargos públicos. La representación y la accountability conforman la dimensión republicana de la democracia: la existencia y vigencia de una clara distinción entre los intereses públicos y privados de los funcionarios” (“¿Democracia delegativa?”, papel de trabajo Nº 172, Kellog Institute, marzo de 1992. En línea en: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/11566.pdf).

Desde mi humilde perspectiva, este “sueño representativo”, republicanismo liberal mediante, no se materializa en ningún país de este mundo y aparece tan sólo como el costado más débil del sistema político que llamamos democracia representativa.

Siempre el pueblo ha “delegado” en los funcionarios que elige no únicamente su poder, sino también su responsabilidad.

Y no sólo por “defecto propio”, sino, fundamentalmente, por “virtud” de aquel sistema político. Es la cultura paternalista de la que deriva su reticencia a participar en la “cosa pública”, su tendencia a juzgar y condenar a los políticos (acertada o equivocadamente) y sus intentos destituyentes, muchas veces exitosos, en pos de cambiar un paternalismo por otro, alentado por políticos y empresarios que promueven esa cultura paternalista, por la sencilla razón de que es funcional a sus intereses sectoriales.

(2) Comparto la concepción de Cornelius Castoriadis cuando sostiene que el objetivo de la política debería ser la libertad. Pero se pregunta: “¿Cómo se puede ser libre si se está colocado obligatoriamente bajo la ley social?”. Comparto también su respuesta: “Existe una primera condición: es necesario que se tenga la posibilidad efectiva de participar en la formación de la ley (de la institución). No se puede ser libre bajo una ley si no se puede decir que esa ley es propia, si no se ha tenido la posibilidad efectiva de participar en su formación y en su institución, incluso cuando las preferencias propias no han prevalecido (…) Libertad bajo la ley -autonomía- significa participación en el posicionamiento de la ley” (en “La democracia como procedimiento y como régimen”, artículo publicado en Iniciativa Socialista N° 38, febrero de 1996.  En línea en:  http://carlosmurillo.files.wordpress.com/2011/03/c_castoriadis.pdf

Carlos A. Sortino

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